El negocio de las licitaciones | TELEDIEZ

EN REPATRIADOS Y REFUGIADOS LOS PRECIOS BAJOS NO SON UN BUEN NEGOCIO PARA EL ESTADO

El negocio de las licitaciones

Los llamados a licitaciones por su propia modalidad son motivos de disputas. Y con frecuencia con olor a trampa. En muchos casos se busca beneficiar a algún participante y perjudicar al resto (y de paso, a las arcas públicas para quedarse con un pedazo de la torta). La pandemia es un ejemplo del festival de licitaciones que hubo desde diversos entes del Estado, con el sinnúmero de adjudicaciones con montos sobrefracturados.

Pero en la Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados ocurrió algo llamativo: cancelaron la licitación de seguro médico para el año 2021 "porque todas las empresas presentaron ofertas más bajas que el precio referencial".

Según documentos que obran en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, la institución fijó el precio referencial con el presupuesto de una sola empresa: SAMAJA, casualmente la firma que está ejecutando el contrato de seguro médico para la Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados que vence en este diciembre.

SAMAJA pasó el precio de 1.000.000 de guaraníes por cada funcionario, que es el tope establecido por ley para los llamados de seguro médico, y que fijó en 1.080.000.000 guaranies el monto total del contrato.

Otras cuatro empresas fueron consultadas pero no respondieron. Según fuentes, esto suele suceder cuando ya existe una especie de "arreglo" con un oferente.

La licitación se realizó por la modalidad de subasta a la baja electrónica, y en la puja, todas las empresas presentaron ofertas por debajo del monto total, y la empresa que presentó la oferta más baja fue Intermed de Grupo GUIDE S.A.: 702.000.000, lo que representa para la institución un millonario ahorro de 378.000.000 guaraníes (35 %).

Si bien la ley de contrataciones públicas establece que si en un llamado una oferta presenta un precio de un 15 % por encima o un 25 % por debajo del precio referencial, se debe solicitar al oferente un desglose de precio al efecto de confirmar si el precio es razonable, y no para descalificar la oferta.

En esta licitación, cuatro oferentes sobrepasaron el 30 %. SAMAJA, la actual adjudicataria, presentó un precio del 32 % por debajo. Siendo la actual proveedora del servicio, se presume que conoce el consumo de la institución y hasta qué precio puede ofertar "razonablemente" para que siga siendo un negocio rentable.

Y aquí sucede lo llamativo: ante un escenario favorable para la compra pública, con cinco empresas que ofertan por debajo del monto referencial, la Secretaría de Repatriados cancela la licitación porque los precios se sitúan por debajo del 25 %, como confirma la resolución firmada por el ministro secretario Édgar Ruiz.

Asesores legales consultados coincidieron en que cuando una oferta es claramente ventajosa para el estado paraguayo, lo que las instituciones públicas deben hacer es agotar los resortes administrativos y legales para validar la oferta.

Pero al parecer, en la Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados lo que es ventajoso para estado paraguayo no es ventajoso para todos.

La recomendación del Comité de Evaluación de la institución es volver a llamar a licitación pero modificando la modalidad de la subastada a la baja electrónica por la modalidad convencional. La modalidad de subasta a la baja electrónica permite a los oferentes mejorar los precios en tiempo real, por ende es más beneficioso para el estado. En la convencional el precio no se puede modificar. De esta manera no se pueden conseguir precios más ventajosos, pero sí podría ser más ventajoso para algún avivado metido en el proceso de la licitación que ayude con una manito direccionadora.

A todo esto, uno de los oferentes (Intermed de grupo Guide S.A.) presentó un escrito de protesta en el que exigen retrotraer al proceso de Etapa de Evaluación tras la cancelación del llamado.

Si la protesta prospera y la institución adjudica a la oferta más baja, la Secretaría de Repatriados se ahorraría una suma millonaria que podría destinar para cubrir otras necesidades.

Lo cierto es que los llamados a licitación siguen estando en el ojo de la tormenta por las irregularidades que se descubrieron durante esta pandemia.

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