DECLARACIÓN JURADA DE BIENES: LA PIEDRA EN EL ZAPATO DE LA U.I.P. LA POLEMICA RECIÉN EMPIEZA El requisito de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para que los proveedores del Estado presenten...
la, polemica, recién, empieza
DECLARACIÓN JURADA DE BIENES: LA PIEDRA EN EL ZAPATO DE LA U.I.P.
LA POLEMICA RECIÉN EMPIEZA
El requisito de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para que los proveedores del Estado presenten su Declaración Jurada de Bienes para participar de las licitaciones públicas, causó fastidio en los industriales.
En el círculo áulico de la UIP argumentan que la exigencia es inconstitucional, ya que no son funcionarios públicos. Es probable que así sea. Lo que de entrada ya colisiona con cualquier intento de transparencia.
Pero fue solo el primer round de la polémica que se viene. Porque ni entre los propios abogados hay acuerdo sobre la norma que Contrataciones Públicas pretende implementar.
El abogado Javier Otazú entiende que la exigencia es inconstitucional y argumentó que la Ley Nº 6.355/19 que reglamenta el Art. 104 solo solicita declaración jurada de bienes a funcionarios y empleados públicos que reciban remuneración de manera permanente del Estado.
En tanto el abogado Agustín Saguier le tira la pelota a la Corte Suprema de Justicia. “Para que la exigencia sea inconstitucional, solamente la Corte la puede declarar por resolución. Mientras no esté declarada la inconstitucionalidad, están obligadas a presentar (la declaración jurada de bienes)”, dijo Saguier.
La dualidad en las respuestas de ambos abogados ya abrió la cancha para el debate. Y con el correr de los días con seguridad la polémica se irá acentuando, ya que están en juego cifras millonarias que el Estado pone al alcance de los proveedores en cada licitación.
Sin embargo, se presume que la preocupación viene por otro lado: No tanto por los bienes en sí, sino en el origen de los bienes. Más allá de que el objetivo de la DNCP sea un paso más para la transparencia administrativa, lo concreto es que, por un lado, los industriales no están de acuerdo, y por otro, de ser inconstitucional, será inaplicable.
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